INTRODUCION
Alrededor del mundo, los Tratados de Libre Comercio (TLC) son la estrella del momento. Mucho se ha hablado sobre ellos en periódicos, discursos de representantes políticos y nego- ciaciones diplomáticas. En líneas generales, podemos definirlos como textos jurídicos que regulan las relaciones comerciales entre dos o más países, estableciendo normas específicas sobre tarifas y otras cuestiones directa o indirectamente relacionadas.
Entre 1995 y 2010, hubo un gran crecimiento de estos tratados fir- mados e implementados por gobiernos. Estadísticas oficiales regis- tran una cantidad superior a 300 textos vigentes en los días de hoy. Además, los acuerdos comerciales se han expandido hacia distintas regiones del globo, incluidas las que concentran países del Sur glo- bal, como América Latina, África y Asia.
La expansión de los acuerdos comerciales corresponde a una tendencia de regulación vinculatoria – es decir, de cumplimiento obligatorio – de las relaciones económicas internacionales que pri- vilegia enormemente al interés corporativo.
Mientras tanto, desde hace un año se encuentran en implementa- ción los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un con- junto de objetivos y metas específicas para los países, con vistas a contribuir al desarrollo global sostenible, de adhesión voluntaria por parte de los países miembros de las Naciones Unidas.
En 2015, el documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, lanzado en el marco de las Naciones Unidas, constituyó un hito importante en las discusiones relativas a la justicia social y económica global. En él, actores gu- bernamentales, entidades de la sociedad civil y sector privado re- saltaron la importancia de un “plan de acción para las personas, el planeta y la prosperidad”. Tal plan de acción sería operacionalizado mediante un conjunto de directrices fundamentadas en principios, objetivos, metas e indicadores de monitoreo bien definidos y acor- dados multilateralmente, a fin de enfrentar los desafíos globales.
Los ODS, proyecto que figuraba como uno de los resultados de la Conferencia Rio+20 de 2012, dieron continuidad a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), propuestos también en el ámbito multilateral, a ser alcanzados hasta 2015. En la nueva resolución de la Asamblea General de la ONU se defendió un abordaje más amplio y ambicioso que integraría en paralelo de las nociones de crecimiento económico, inclusión social y protección ambiental.
Los ODS están estructurados a partir de 17 objetivos generales, cada uno de ellos asociados a un conjunto de metas (169 metas en total). Su cumplimiento no es legalmente vinculante entre los países signatarios de las Naciones Unidas. No obstante, la comunidad in- ternacional ha demostrado razonable entusiasmo con la propuesta, sobre todo en función de los resultados alcanzados por los ODM. Es- tudios comprueban cambios significativos en el acceso a necesidades básicas como salud y notables avances en la reducción de la extrema pobreza en regiones más desprovistas del globo, a principios de los años 2000, al acercarse el plazo final de los Objetivos del Milenio.
Pese a que las últimas décadas registraron índices avanzados de crecimiento económico en comparación con las décadas anteriores, los niveles de desigualdad de ingresos entre grupos sociales se am- pliaron radicalmente. Al mismo tiempo, las estadísticas ambienta- les muestran que, a pesar de los esfuerzos de los países para reducir las emisiones de carbono, el calentamiento global, los efectos del cambio climático y la salud de los ecosistemas siguen siendo pro- blemas urgentes para las poblaciones del mundo.
La Agenda 2030 contiene un presupuesto básico implícito: la pobreza sería un problema puntual y la solución para ella sería más crecimiento económico global. Aunque la desigualdad es una cues- tión reconocida en la Agenda 2030, la desigualdad tal como es pre- sentada en los ODS desconsidera un importante telón de fondo: la vigencia del “capitalismo extremo”. En su propuesta, no se aborda el papel del poder corporativo, de la red global de paraísos fiscales o de las tributaciones injustas aplicadas a la sociedad.
Por “capitalismo extremo” entendemos aquí la fuerte tendencia a la concentración de la riqueza en manos de un número de agentes económicos cada vez menor, tanto a nivel nacional como transnacional (BERRÓN y GONZÁLEZ, 2016). En tal contexto, fusiones y ad- quisiciones de empresas se vuelven prácticas comunes y permiten la constitución de grandes conglomerados corporativos. Ese poder eco- nómico también se refleja intensamente en las decisiones políticas.
Con la emergencia del modelo político-económico neoliberal, a partir de 1970, se convierten en imperativos para los países la reducción del rol del Estado, la apertura y desregulación de los mercados. Al mismo tiempo, creció el espacio de influencia y participación del sector privado en las políticas públicas, permitiendo acciones gubernamentale dirigidas estrictamente por la lógica de la ganancia privada y sobrepuestas al principio del interés público y del bien común. Frente a esta “captura corporativa” generalizada en las instituciones democráticas, los canales para la promoción de la justicia social y de la ampliación y garantía de derechos colectivos son ferozmente obstruidos.
Adicionalmente, el poder político y económico del sector privado está directamente reflejado en las impunidades practicadas a nom- bre de sus inversiones financieras y/o productivas, así como en las injustas reparaciones concedidas por sus actores. Son innumera- bles las conductas corporativas criminales y antiéticas ya registra- das alrededor del mundo, con profundos y negativos impactos para poblaciones y medio ambiente.
En el mismo sentido, el sector privado protagonizó una infinidad de iniciativas para debilitar la organización de los trabajadores. Los ejemplos abundan. En el caso del sindicalismo colombiano, vemos la existencia de una alianza entre el sector privado y los diferentes
gobiernos para promover la violencia y la impunidad. Números de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) confirman los altos niveles de impunidad. Mientras se habla de paz en el país, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con la OIT, 2.674 homicidios fueron registrados en los últimos 22 años, apenas 105 sentencias fueron dictadas, referidas a 86 víctimas1. Esto equivale a un nivel de impunidad del 96,8%.
Al subestimar las causas y los efectos del capitalismo extremo, la propuesta de un pacto global en torno a los ODS está a merced de muchas contradicciones. Sin un cuestionamiento holístico, que apunte objetivamente a las causas concretas de las desigualdades, es poco probable que un proyecto pensado sobre la base de metas tenga sostenibilidad, amplio alance e integralidad a largo plazo.
En este sentido, uno de los más evidentes obstáculos para la con- cretización de los ODS es el crecimiento de una arquitectura deacuerdos comerciales (bilaterales – entre dos países – o plurilate- rales – entre tres o más países), cuyas normas exponen una clara tensión entre el acceso universal a derechos y los intereses de gru- pos económicos poderosos. Sus efectos vienen siendo estudiados desde hace algunos años por expertos y denunciados por organiza- ciones de la sociedad civil de América Latina, África y Asia.
A fin de movilizar un debate crítico sobre los acuerdos preferen- ciales, denunciando la predominancia de la lógica de la ganancia presente en muchos de sus engranajes jurídicos, esta publicación presenta tres estudios de caso que ponen de manifiesto y abordanen detalle los distintos impactos negativos generados. Entre los campos afectados están la seguridad alimentaria y nutricional, los derechos laborales y los servicios públicos esenciales. Además, mecanismos previstos en algunos acuerdos atribuyen poderes excepcionales a las corporaciones, haciendo que los Estados no incurran en medidas que reduzcan cualquier margen de ganancia de las empresas inversoras.
La Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA) será un do- cumento de referencia importante en esta investigación. Ella surge como un proyecto colaborativo entre los distintos sindicatos de América Latina que buscan un enfrentamiento propositivo a los nuevos tiempos del neoliberalismo. Entre sus principales reivindicaciones está la defensa de la soberanía popular y de un ciclo de desarrollo sostenible que impulse una distribución justa de las riquezas.
Uno de los objetivos de la PLADA es ofrecer ejes que faciliten la participación crítica, constructiva y transformadora del movi- miento sindical en los debates sobre el desarrollo, en diálogo con cada uno de los 17 ODS, pero desde una perspectiva crítica al modelo de desarrollo neoliberal. Esto es, en sus propuestas para cada uno de los ODS, la PLADA busca detectar la importancia de buscar caminos que garanticen la soberanía de las poblaciones, que reafir- men el rol del Estado y del bien público, que protejan y aseguren el acceso al bien común, que limiten y condicionen el poder de las empresas, que aseguren una economía sostenible con generación de empleos de nuevo tipo y el combate a la desigualdad. La justicia, la libertad, la igualdad, la sostenibilidad y la soberanía son pilares fundamentales del contrapunto realizado por la Plataforma y es en ese sentido que orientaremos el análisis.
MIRADA
